Casinos: Leiva cierra filas con Tohá

Entrevista a superintendente

* Entrega de permiso a Marina del Sol en Talcahuano origina reclamos de dos competidores que perdieron: Comar (Concepción) y Enjoy- otería (Hualpén).

Un ganador y cuatro grandes perdedores.
Así puede resumirse el proceso de otorgación del único permiso para operar un casino en los próximos 15 años en el Gran Concepción, en que el ganador fue el proyecto Marina del Sol, del grupo Valmar, a instalarse en Talcahuano.
En los últimos días hizo noticia el reclamo de la U. de Concepción y Lotería en contra de la U.
del Biobío, por aceptar asesorar a la Superintendencia de Casinos de Juego, pese a que el rector había firmado a mediados del año pasado un compromiso de evaluar una donación de Marina del Sol.
El superintendente Francisco Javier Leiva se refirió ayer a estas denuncias y también reconoció la existencia de un recurso de protección que interpuso el grupo Comar, que concursaba con su proyecto Borde Río en Concepción.
La autoridad formuló un respaldo a las expresiones de la intendenta María Soledad Tohá, respecto a su temor de que el proceso de judicialice y que la inversión de 93 millones de dólares que comprometió Marina del Sol se retrase, lo que tendría negativas consecuencias económicas para la zona y especialmente, para los empleos que se generarán.
-¿Qué acuerdo adoptó el Consejo Resolutivo en cuanto al recurso administrativo presentado Lotería de la UdeC? -El jueves pasado se reunió el Consejo Resolutivo para tomar conocimiento del recurso administrativo que fue presentado por la alianza societaria del grupo Enjoy con Lotería de Concepción. Con ello, se inició la etapa de análisis naturalmente exigible para la emisión formal de un pronunciamiento por parte del órgano colegiado.
En consecuencia, lamentablemente no corresponde formular declaraciones antes de que el Consejo Resolutivo adopte un acuerdo al respecto, política que ha sido aplicada en forma permanente durante la primera fase de otorgamiento de los nueve permisos de operación.
Cuando se haya adoptado una decisión respecto del recurso, naturalmente informaremos como corresponde sobre su contenido.

-¿Cuál fue el rol que la Universidad del Bío- Bío desempeñó en la evaluación de los proyectos concursantes? -Como se ha informado, todo proyecto podía ser ponderado con un máximo de dos mil puntos, y la Superintendencia podía asignar un máximo de 1.300 conforme a los seis factores y 31 subfactores de evaluación contemplados en Ley número 19.995 y en el decreto supremo número 211.
En febrero de 2006, llamamos a licitación pública a todas las universidades del país para realizar el levantamiento de información respecto de 375 puntos relativos a los factores “ubicación, calidad y diseño de las instalaciones”, “relación armónica con el entorno”, “conexión con servicios y vías públicas”, y para el indicador “impacto en los medios de transporte” del factor “efectos económico-sociales”.
La licitación pública fue asignada a fines de marzo a la U. Austral de Chile para la evaluación del 18,75% del total máximo de dos mil puntos para los proyectos de las regiones X y XI; a la U. de La Serena para los proyectos postulantes en las regiones II y III; y a la U.
del Bío-Bío, para aquellos presentados en las regiones VIII y IX.
De hecho, para los mismos factores especificados de los proyectos que pasen a la Etapa de Evaluación en las regiones V, VI y VII, también se efectuó un llamado a licitación para los mismos servicios de asesoría en las áreas de arquitectura, ingeniería y seguridad.

-¿Se puede entender que no existen objeciones a la evaluación realizada por la UBB? -El proceso de apertura regulada de mercado que concluyó el 13 de julio pasado y que continúa en otras tres regiones del país, está determinado por la elevada competencia y por las disposiciones de la ley.
Por ello, comparto la aspiración manifestada en general esta semana por la intendenta de la Octava Región e integrante del Consejo Resolutivo, María Soledad Tohá, respecto de que el proceso no se vea afectado por una eventual judicialización.
En todo caso, tal y como también lo señaló la intendenta, existen dos temas relevantes a considerar.
Por un lado, las decisiones del órgano resolutivo fueron adoptadas en forma unánime por sus integrantes; y por otra parte, las eventuales objeciones de las sociedades que no obtuvieron un permiso de operación, deben ser canalizadas a través de los mecanismos administrativos y judiciales propios de un Estado de Derecho.
Así ha ocurrido respecto de las denegaciones de permisos de operación efectuadas por el Consejo Resolutivo, en los casos de la alianza Enjoy-Lotería de Concepción S.A., a través del recurso administrativo que está en etapa de análisis; y también en el caso del grupo Comar a través del recurso de protección, del cual tengo conocimiento, pero aún no hemos sido notificados por la Corte de Apelaciones de Santiago.

-¿Qué opinión tiene de la presentación del recurso de protección de Comar? -Es importante entender que éste es un proceso normado por ley que atrajo una competencia equivalente a mil 106 millones de dólares.
Por tanto, estamos frente a una apertura regulada de un mercado elevadamente competitivo y con restricciones legales geográficas a la instalación de casinos de juego, por lo que es una alternativa posible que las sociedades a las que se les denegó su solicitud de permiso de operación decidan utilizar mecanismos administrativos o la vía judicial para presentar sus objeciones o impugnaciones.
Es más, si en la fase ya concluida del proceso competían 26 sociedades por nueve permisos de operación, es posible que alguna de las 17 sociedades a las que se les denegó su solicitud de permiso de operación, puedan manifestar eventuales objeciones.
-¿Qué opinión le merece la polémica generada por la pugna entre las dos universidades más importantes de la región? -Sobre el fondo del recurso administrativo, no corresponde que me pronuncie porque se encuentra en etapa de análisis al interior del Consejo Resolutivo. Cuando se haya adoptado una decisión, dé por hecho que informaremos a la Octava Región sobre su contenido.
No obstante, es importante reiterar lo formulado a las sociedades postulantes a inicios de abril, en cuanto a que la actual apertura regulada de la industria se está aplicando por primera vez en Chile y nuestro objetivo es generar una política general y uniforme para promover un sector empresarial dinámico que signifique una contribución relevante al desarrollo de las regiones.

Diario EL SUR, sábado 12 de agosto de 2006