Diario EL SUR. Concepción, Chile, lunes 29 de enero de 2007

EDITORIAL

Viviendas dignas

Los gobiernos de la Concertación han disminuido el déficit habitacional casi a la mitad. Sin embargo, la ciudadanía demanda soluciones sociales de calidad y que eviten la segregación.



En la última semana se conoció el acuerdo entre un grupo de 80 familias que viven en el sector Michaihue de San Pedro de la Paz y el Ministerio de Vivienda, para que los residentes en cuatro pabellones de departamentos con serias deficiencias de construcción se trasladen a otros conjuntos, algunos ya construidos y otros que serán levantados en los próximos meses.
El Ministerio de Vivienda ha dicho que aún no ha decidido el destino de esos cuatro pabellones, pero las alternativas son: demolerlos, desarmarlos y reconstruir los departamentos para otros beneficiarios, reacondicionarlos para otros usos, incluyendo sede social y comunitaria.
Se trata de un triste epílogo de una crisis por la mala calidad de la construcción de la vivienda social que se produjo entre los años 1999 y 2000, que fue famosa por los casos de las casas “Copeva”, también conocidas popularmente como casas “nylon” o “chubi”, que generaron un escándalo político de proporciones y que llevaron a reformular las normas y políticas sectoriales.
Pese a que han transcurrido más de seis años desde ese episodio, las consecuencias de esas malas decisiones las siguen pagando todos los chilenos, a través de los costos que significan para el Fisco las reparaciones y en algunos casos demoliciones, como las que ya se han ejecutado en Santiago y Temuco. Estos costos también los pagan las cerca de cinco mil familias de la Región del Biobío, que desde esa época habitan viviendas cuya calidad no se condice con un esfuerzo realizado por el Estado hace apenas un lustro.
Cualquiera que sea la decisión que el Ministerio de Vivienda tome sobre los departamentos de Michaihue, ésta será cuestionada. Si los demuele, se criticará la pérdida de recursos públicos, malgastados en viviendas que no alcanzaron a durar una década, considerando que todavía en el país hay personas viviendo en la calle o en campamentos. Si los repara, se pondrá en duda la racionalidad económica de asumir un costo alto comparado con edificar una solución completamente nueva. Si no hace nada, esos pabellones se transformarán en un monumento al despilfarro y en poco tiempo serán ocupados ilegalmente, con problemas de delincuencia y conductas antisociales que empeorarán aún más la calidad de vida en el barrio.
En el otro lado del vaso, las viviendas sociales que ha entregado en el último año el gobierno en la región, a través de programas como Chile Barrio, se caracterizan por su buena calidad y el alto nivel de satisfacción que han generado en esas familias. Fue notorio que durante los temporales del invierno 2006, mientras vastos sectores medios de Concepción sufrieron por las inundaciones, las viviendas recién entregadas en sectores como San Pedro de la Costa resistieron sin faltas las inclemencias climáticas.
En una mirada más amplia, es justo reconocer que los gobiernos de la Concertación han permitido disminuir a casi la mitad el déficit habitacional que en 1990 alcanzaba a más de 900 mil familias sin casa. Para 2005, la tenencia de vivienda propia alcanzó a un 73% de las familias. Pero, como lo ha señalado la Presidenta Michelle Bachelet, los desafíos en vivienda y planificación urbana hoy son distintos a los de hace una década.
La comunidad demanda viviendas en zonas urbanas de calidad y que eviten la segregación. Eso requiere mejorar los barrios y sus espacios públicos, incluyendo plazas y parques.