Colegio de Profesores advierte por los riesgos de corrupción

·Particulares cobran desde 160 mil pesos por llenar el portafolio y una cifra similar por ensayar grabación de clase.
·Rondan por los colegios aunque detrás de estas ofertas hay, en algunos casos, empresas integradas por docentes.

Por Nello Rolleri Veloso.

Un secreto a voces. Particulares que cobran 160 mil pesos por llenar el portafolio y asegurar una buena calificación de la evaluación docente, incluso con ensayos de la grabación en video de la clase, rondan por estos días las escuelas municipalizadas.
En algunos casos, detrás de estas “ofertas” se encuentran empresas de capacitación integradas por profesores.
El tesorero regional del Colegio de Profesores y concejal de San Pedro de la Paz, Mario Delannays Avalos, es claro en hablar de “riesgo de corrupción”, ante el inicio del proceso de evaluación que inició el Ministerio de Educación, cuyos detalles se pueden encontrar en internet en la página www.docentemas.cl.
El proceso de llenado del portafolio se inició el pasado 1 de agosto y el 2 de septiembre vence el plazo para que los docentes entreguen la autoevaluación respondida. El 14 octubre concluye el plazo de elaboración del portafolio.
Además, entre el 16 de agosto y 30 de septiembre, se desarrollará la filmación de una clase por docente, con una duración de 40 minutos.
Delannays asegura que en la Región del Biobío estos portafolios han sido rechazados por el 80% de los profesores, que los han devuelto a los respectivos municipios. Explica que no sólo hay razones de fondo para la negativa a esta evaluación, sino también de forma, ya que el sistema permite que terceros respondan los documentos de evaluación.
El dirigente gremial lamentó que el Ministerio de Educación no haya considerado la posibilidad de algunos maestros, que temen ser mal calificados, hagan trampa con la evaluación.
Consultado por el acuerdo logrado a mediados de julio entre la directiva nacional del Colegio de Profesores con el Ministerio de Educación, que aceptó la evaluación a cambio de una indemnización de hasta $3,8 millones a aquellos docentes que sean eliminados del sistema, Delannays aseguró que en la Región del Biobío se insistirá con el rechazo.

Millonarias deudas

Mario Delannays también lamentó que el Ministerio de Educación haya insistido en realizar esta evaluación, mientras se mantienen las millonarias deudas de los municipios con los profesores, que el gobierno desconoce.
Aseguró que la mayoría de los municipios no pagan las remuneraciones en forma íntegra a los docentes, ya sea porque no se les cancela las asignaciones de perfeccionamiento, las cotizaciones de salud, o lo que es más grave, no se les pagan por entero las cotizaciones previsionales lo que significa que cuando llegue el momento de jubilar, muchos maestros no lo puedan hacer porque los recursos integrados a las AFP son insuficientes para una pensión digna.
Respecto del monto de estas deudas, indicó que el Colegio de Profesores no tiene un registro detallado de ellas, pero que en promedio bordearían los 200 millones de pesos por municipio. El origen de esta deuda, reconoció, está en el déficit en la asignación para educación que el gobierno realiza a los municipios, que bordea el 20%. Esto significa que en su totalidad las comunas deben destinar recursos propios a pagar la mantención de las escuelas y los sueldos de los profesores.
El problema, expresó, se arrastra durante muchos años, sin que ningún gobierno haya sido capaz hasta ahora de pagar estas deudas.

Apoyo alcaldicio

Los alcaldes de San Pedro de la Paz, Coronel, Tomé, Talcahuano y Penco estarían evaluando si podrán asumir los mayores costos que les significará a los municipios todo el proceso de evaluación docente.
Así lo aseguró Delannays, quien afirmó que el Ministerio de Educación no tiene contemplado mayores aportes este año ni el próximo para financiar la evaluación, los cursos de nivelación y los reemplazos, que serán cargados íntegros a las municipalidades.
El dirigente insistió en que las “penas del infierno” anunciadas por el Mineduc, con sumarios para los profesores que no entreguen los portafolios, no tendrán aplicación práctica cuando el 90% de los docentes quede en esta situación y además los alcaldes resuelvan que el sistema no es financiable.
El sistema ya fue boicoteado los años 2003 y 2004. La diferencia es que este año el proceso de revisión está sustentado en una ley aprobada por el Congreso.
La evaluación se aplicará a docentes de primer y segundo ciclo de educación básica y una parte de los de enseñanza media.
Los resultados de los docentes se organizarán de acuerdo a cuatro niveles: destacado, competente, básico e insatisfactorio. Los maestros ubicados en las dos primeras categorías podrán ayudar a través de cursos a sus colegas más débiles.

*Publicado en Diario EL SUR. Sábado 20 de agosto de 2005.